La administración pública como palanca para la industria y la construcción con madera

Jacobo Aboal Viñas, Director de la Agencia Gallega de la Industria Forestal (XERA). Consellería de Economía e Industria. Xunta de Galicia

En el año 2050 se estima que alcanzaremos los 9.700 millones de habitantes en el planeta y sus necesidades habitacionales exigirán soluciones que sean acordes con las políticas de cambio climático. España no es ajena, el actual parque mobiliario no responde a la demanda existente, y las administraciones públicas son conscientes de que urge dar una respuesta.

La Comisión Europea reconoce que con menos de un 3 % de cuota de mercado, “los productos de madera siguen constituyendo solo un pequeño porcentaje de los materiales de construcción en Europa”.

Y en este contexto, la superficie forestal española alberga un total de 1.175 millones de m³ de madera, y cada año se almacenan en los bosques españoles unos 47 millones de nuevos metros cúbicos, mientras que las cortas suelen situarse en un rango de entre 16-18 millones metros cúbicos cada año. Y así desde hace décadas…

Queremos luchar contra la “España vaciada”, contra los incendios de 6ª y 7ª generación o contra la pérdida de biodiversidad; aumentar la demanda de madera desde la acción de políticas públicas basadas en criterios de gestión forestal activa y sostenible (certificada), lejos de “poner en peligro nuestros bosques” generará empleo y economía rural. Un estudio del Instituto Ruralia (Universidad de Helsinki) confirma que en un contexto de economía cerrada (donde los materiales de construcción más importantes se producen dentro de una misma región) un euro invertido en la construcción en madera generará dos euros en algún otro lugar de la economía regional.

Los aserraderos españoles consumen anualmente unos 5 millones de toneladas de madera y producen 2,1 millones de metros cúbicos de tabla ¿Cuál es su destino principal? Más de un 55% para producir palé, embalaje y cajerío. Pero es que los nuevos productos de madera masiva (CLT, glulam, LVL…) nacen en Centroeuropa como respuesta eficiente al uso de una madera que, por sus secciones, largos e incluso defectos (madera azulada en el alma de un panel de CLT) permitían crear un producto válido con fines estructurales en construcción sustituyendo a productos de madera maciza. El pino rojo (Pinus sylvestris), pino laricio (Pinus nigra) e incluso el pino marítimo (Pinus pinaster), son las especies que (junto con el Pinus halepensis) más superficie abarcan en los bosques españoles, y podrían, en un porcentaje significativo, tener un destino de alto valor para su uso en construcción.

Y entonces, ¿Cómo aprovechamos esta oportunidad? Poniendo en el centro de nuestras acciones a los clientes, a los promotores públicos y privados, para que sean ellos quienes activen una demanda suficiente, real y continuada. Las administraciones públicas, sea a nivel estatal, regional o municipal, deben servir de ejemplo, de fuerza tractora, de promotor de “proyectos faro” en una época, donde sostenibilidad y descarbonización (NEB) componen gran parte del eje central de las políticas públicas de este siglo.

Y ¿cómo hacerlo? Bajo la aplicación de 4 grandes ejes de acción:

1. Asumiendo un compromiso público, en primera persona. El Parlamento de Galicia, de forma unánime, urgió al gobierno de la Xunta de Galicia a proclamar públicamente su objetivo de alcanzar progresivamente un porcentaje de un 20% en sus nuevas edificaciones, ampliaciones o rehabilitaciones donde la madera tuviese un uso con fines estructurales, favoreciendo la madera regional mediante la incorporación de criterios objetivos basados en el cálculo de la huella de carbono (fase A2 y A4 de las DAP) en sus pliegos de licitación.
2. Generando líneas de fomento que impulsen la inclusión de madera en la promoción privada, sea a través de la autorización de mayores superficies de suelo construido (más metros cuadrados por planta o posibilidad de nuevas alturas) o sea directamente a través de ayudas públicas. Desde el año 2020 la Xunta de Galicia viene publicando periódicamente este tipo de subsidios, bajo la obligación de que al menos la madera suponga el 20% de las partidas presupuestarias ligadas a fines estructurales. El uso de madera regional tendrá una diferenciación propia bajo criterios de discriminación positiva (mayor superficie o mayor intensidad de ayuda).
3. La construcción industrializada supone un cambio de paradigma para prescriptores y empresas de construcción, el tiempo dedicado al cálculo y diseño de las soluciones arquitectónicas se vuelve trascendental, pensar desde un primer momento en el elemento madera, conocer el material, ser lo más eficientes en su uso e incluso diseñar pensando en el final de vida del inmueble (buscando la mayor eficiencia posible en los porcentajes de recuperación) es vital para el éxito del proyecto. La Xunta organiza cursos de formación interna para funcionarios (EGAP), coopera conjuntamente con el COAG para la formación de sus colegiados, y mediante líneas de ayudas públicas en materia de formación no reglada, promueve que centros universitarios como CESUGA o PEMADE (USC), clústeres (CMD) y entidades sectoriales (Fundación Arume) ligadas a la cadena monte-industria gallega celebren ciclos formativos para el conocimiento de estos nuevos materiales y su correcta instalación.

En España, Maderaula es un gran ejemplo de caso de éxito a este respecto.

4. Promoviendo una industrialización eficiente, innovadora y competitiva, mediante líneas de ayuda específicas dirigidas a todos los eslabones de la cadena (maderistas e industrias de 1ª, 2ª e incluso 3ª transformación). Además, soluciones mixtas prefabricadas, como aquellas basadas en madera-hormigón, están siendo desarrolladas actualmente por empresas gallegas en cooperación con centros de conocimiento.

Finalmente, ¿Cuáles serán los nuevos desafíos? La entrada en vigor del reglamento EPBD, la publicación del reglamento de certificación de la UE para las eliminaciones de carbono, con la oportunidad de abrir mercados voluntarios de carbono basados en el almacenamiento de CO₂ en productos… pero en cualquier caso, todo parece indicar, que las administraciones públicas transitarán desde “la voluntariedad a la obligatoriedad” imponiendo el uso de pasaportes digitales además de límites máximos a la huella de carbono, tasas, impuestos y aranceles que penalicen las emisiones de GEI en la construcción

Por Jacobo Aboal Viñas. Director de la Agencia Gallega de la Industria Forestal (XERA). Consellería de Economía e Industria. Xunta de Galicia